De acuerdo con el XII Censo nacional de población y VII censo nacional de vivienda se establece que en Guatemala, para 2018, tenía una población total de 16.3 millones de habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 16.1% corresponde a la primera infancia; 13.2% niñas y niños y 11.0% adolescentes. En la pirámide poblacional se muestra que en Guatemala el 40.3% del total de la población son niñas y niños.

Sin embargo, Guatemala no propicia condiciones de vida digna para ellas y ellos. Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Guatemala ocupa el lugar 133 de 187 naciones del mundo, uno de los últimos en Centroamérica, y el último entre los países hispanoamericanos con un índice de 0.581, una esperanza de vida de 71 años y un promedio de 4 años de escolaridad.

El 49.8% de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica, la tasa más alta del continente. La incidencia de pobreza en el país es de 90.6%, es decir que este porcentaje de personas sufre algún tipo de privación; el 62.4% vive en pobreza media; el 29.6% en pobreza  extrema, y el 3.6% en pobreza severa (INDH, PNUD 2011).  Los departamentos que reportan el mayor porcentaje de pobreza media por ingreso, es decir las personas que viven con US$2 al día para cubrir sus necesidades básicas son: Alta Verapaz (78.24%), Sololá (77.47%), Totonicapán (73.29%); Quiché (71.85%) y Suchitepéquez (70.65%) (ENCOVI 2011).

En Guatemala, la desigualdad tiene una correlación étnica, de género, etaria y territorial. La población indígena tiene menos ingresos, menos educación, menor cobertura de salud, menos acceso a la educación universitaria y menos representación política. Estos indicadores, evidencian retrocesos y fracasos en materia de Política Pública pues, a pesar de implementarse acciones para erradicar la pobreza, la recaída en los indicadores correspondientes no solo evidencia un incumplimiento de las garantías de derechos, sino muestra que los recursos públicos destinados al combate de la pobreza, no fueron utilizados con eficiencia y transparencia.

De los préstamos aprobados en el marco de la Pandemia del COVID19 y las ampliaciones presupuestarias que ascendieron a Q19.6 millardos, las más altas en la historia de Guatemala, no beneficiaron a la Niñez y Adolescencia. Según el Observatorio de la IPNA, evidencian que la IPNA no fue una prioridad en estas acciones, al extremo de que los datos al 30 de junio de 2020 evidencian que de cada Q100.00 aprobados en las ampliaciones y asignados al subprograma código 9409, «Estado de Calamidad Pública por Emergencia Covid-19», solo Q0.32 están destinados a la IPNA de manera directa.

Según el ICEFI, Guatemala hace inversiones muy raquíticas en niñez y adolescencia: en los últimos cinco años (2015-2019) la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) apenas si logró superar el 3.5% del producto interno bruto (PIB), cifra que, de frente a los rezagos en materia de derechos de la niñez y adolescencia, resulta a todas luces insuficiente.

Esto ha tenido históricamente un impacto negativo en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, que repercute negativamente en el ejercicio del cumplimiento de sus derechos más fundamentales. Basta con volver la mirada para analizar 3 aspectos fundamentales, la educación, la salud y la protección especial.

El ICEFI, estima que en 2019 las tasas netas de cobertura fueron del 61.9% en preprimaria; del 93.3% en primaria; del 48.9% en básicos, y del 25.6% en diversificado, con una tasa de cobertura neta global para dichos niveles del 64.9%, lo que significa que en 2019 habría fuera de las escuelas e institutos cerca de 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes comprendidos entre los 5 y los 18 años de edad, y hasta cerca de 2.9 millones si se considera la educación de la primera infancia, es decir, desde los 0 a los 18 años de edad.

No solamente la cobertura educativa presenta grandes brechas, sino principalmente la calidad educativa, ya que para aquellos/as que con grandes esfuerzos, logran terminar la educación diversificada. De acuerdo con los resultados de evaluaciones a estudiantes presentados por la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca), la tasa de logro para los graduandos evaluados en 2019 señala un logro del 37.0% en Lectura y de apenas el 13.6% en Matemática, lo que ha repercutido negativamente en el ingreso a la Universidad pública para continuar estudios universitarios.

Esto no es casualidad, ya que la inversión que el Estado hace a la educación es de apenas el 2.8% del PIB, una de las inversiones más bajas de América Latina, principalmente si tomamos en cuenta, que la mayoría de la inversión va destinada a funcionamiento. Esta situación se ha agravado durante la Pandemia del COVID19, ya que el MINEDUC, en lugar de trabajar en la generación de condiciones para restituir el Derechos a la Educación, el MINEDUC se ha enfocado en otras acciones, como la priorización de la compra de un seguro médico para estudiantes de pre primaria y primaria de establecimientos educativos públicos, para ello se ha realizado una inversión millonaria en un servicio innecesario. Esta acción se enmarca en el Acuerdo Gubernativo 44-2020 publicado el 20 de marzo del año anterior.

El Derecho a la Salud, es una utopía para la población en general, pero principalmente para la niñez y adolescencia en Guatemala. Según datos del ICEFI, se estima que para el financiamiento del ODS 3 relacionado a la Salud, se destinaron recursos públicos insuficientes. Entre 2017 y 2019, el presupuesto destinado al ODS salud representó aproximadamente el 1.0% del PIB, de lo cual solamente un 0.4% del PIB correspondió al ODS vinculado con niñez y adolescencia. Esto significa que existen fuertes desafíos para lograr la universalización del derecho a la salud, en especial, para niñas, niños y adolescentes. 

Esto ha repercutido en las altas tasas de desnutrición, las brechas en la vacunación universal y la muerte de niñas y niños menores de 5 años, por causas eminentemente prevenibles, como las infecciones gastrointestinales y las infecciones de las vías respiratorias.

La Pandemia del COVID19, solo ha venido a desnudar esta precaria situación, en dónde las actuales autoridades del Gobierno Central, no han tenido la más mínima capacidad de poder generar acciones de prevención de la pandemia en la niñez y adolescencia y menos de brindar atención efectiva desde un enfoque de derechos. Hasta el 29 de septiembre del año 2021, el –MSPAS- registraba en su tablero 55,849 casos de niñez contagiada por COVID19 y de ellos/as un total de 204 fallecidos/as.

El documento denominado Lineamientos técnicos para la vacunación contra COVID – 19 en adolescentes de 12 a 17 años, elaborado en el mes de septiembre del presente año, por parte del –MSPAS- al igual que el plan general de vacunación ha generado muchas dudas e incoherencias, ya que promueven una vacunación, que no están en la capacidad de cumplir. Según el Programa Nacional de Inmunizaciones, se requieren 4 millones 242 mil 568 dosis, para garantizar el acceso a la vacunación de 2 millones 121 mil 284 Niños/as y adolescentes comprendidos en esas edades, pero el Ministerio de Salud, no cuenta ni siquiera con la quinta parte de esas vacunas.   

Mientras esto sucede, la violencia en contra de la niñez y adolescencia continua, al igual que la impunidad de aquellos que la generan. Por ejemplo, el Sistema de Alerta Alba Keneth, hasta el 29 de septiembre, reportaba un total de 4,621 de NNA desaparecidos, es decir un promedio de 513 casos al mes y 17 al día. El sistema presenta grandes deficiencias, como no saber, cuántos de esos NNA han aparecido, cuántos aún se continúa buscando, cuántos aparecen con vida y cuantos sin vida y en qué condiciones de vulneración.  

El instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF- reporta hasta el mes de agosto del presente año, un total de 4 mil 63 casos de NNA sometidos a evaluación por abuso sexual. El total de evaluaciones diagnosticas de reconocimiento médico por abuso sexual, realizadas de enero a agosto 2021, de parte del INACIF son 5,373 casos, de los cuales el 76% fueron realizadas en contra de niñas, niños y adolescentes hombres y mujeres.

El total de evaluaciones diagnosticas de reconocimiento médico por abuso sexual, realizadas de enero a agosto 2021, de parte del INACIF a mujeres en general, fue de 4,864 casos, de los cuales el 77% fueron realizadas a niñas y adolescentes mujeres y un 23% en contra de mujeres mayores de 19 años.

Frente a esta indignante realidad, no consideramos que el 1º de Octubre sea un día para celebrar, sino debe ser un día que nos llame a la indignación colectiva y a la generación de acciones conjuntas, en donde exijamos que los principales garantes de la protección de la niñez en este país, abandonen la demagogia, dejen de lado la corrupción e inicien a generar verdaderas acciones que garanticen que las niñas y los niños, puedan gozar plenamente de sus Derechos.

CONACMI, Guatemala Octubre 2021.